Pues aquí me tienen de nuevo. Tras pasar el verano, al igual que muchos de ustedes supongo, en bañador y chancletas frente a la piscina de turno, mirada perdida en el horizonte mientras a mi alrededor sucedía eso que llamamos vida: gente que va y viene, que se encuentra con un conocido, que toma un helado en la horchatería más cercana o que aprovecha su tiempo para estar con esos locos bajitos de paso irregular, uno adelante, dos atrás, dos adelante y tres atrás, que apenas mantienen el equilibrio y que no paran de mover sus bracitos a ritmo atolondrado. Sí, lo sé, excesivamente contemplativo pero es que tengo la sensación de que mi ajado cerebro necesita reposo y que no lo sometan a grandes exigencias. Funcionar con el piloto automático, para que me entiendan. Tras las reparadoras vacaciones, y como quien tras haber sufrido un percance con el coche, recoge el vehículo del chapista y lo lleva al garaje con sumo cuidado, he procurado conducir cuerpo y mente hasta septiembre con el menor riesgo posible, con los cuatro intermitentes encendidos y por la cuneta, para que se vea que voy despacio.

Repasando la prensa una de estas mañanas de agosto que les cuento, mientras desayunaba mis Krispis con leche – en vacaciones he podido darme el gustazo – un maldito cereal chocolateado hizo que me atragantase a resultas de las últimas (y finísimas) declaraciones del ministro de Fomento: los impuestos en España «son muy bajos» de modo que hay que ir pensando en homologarlos a la media europea. Y no acaba ahí la cosa sino que, pese a manifestar que no sabe de impuestos, también ha declarado que si queremos servicios e infraestructuras buenas tendremos que pagarlas. Menos mal que la ministra de Economía y Hacienda se ha apresurado a desmentir tales afirmaciones, lo cual a punto ha estado de dejarme sin carnaza, dando por suficiente la estructura fiscal actual sin perjuicio de algún retoque que afectará a las clases altas, por cuestiones de equidad.

Si me hacen otorgar credibilidad a uno u otro apuesto por el ministro de Fomento, pues los recortes en el gasto público anunciados por el Gobierno, que se han reducido considerablemente en los últimos días, son insuficientes y con casi toda seguridad impedirán a España cumplir con la reducción del déficit prometida a nuestros socios de la UE. Y, qué quieren que les diga, en un país donde la clase media (entendiendo por tal a todas aquellas personas con un salario entre 20.000 y 60.000 €,) soporta casi el 70% de la carga tributaria tengo la sensación de que Blanco y en botella, Pepiño.

Ello me obliga a desenfundar más pronto de lo esperado la escopeta de posta lobera que siempre tengo a mano por si las moscas; pues esta creencia, creada además sobre la base de un sofisma, merece al menos dos perdigonazos. Pumba, pumba. Verán: el Gobierno ha declarado que somos los que menos «presión fiscal» tenemos de los 27 socios y, aunque he de reconocer que ello es cierto, con alguna matización, el término que mejor define si los impuestos que un español paga al erario público son superiores o no a los de sus homólogos comunitarios es el de «esfuerzo fiscal». Enseguida me entenderán. La presión fiscal es la relación porcentual existente entre los ingresos tributarios totales de un país, incluidas las cotizaciones a la seguridad social, y la renta nacional del mismo, que se mide básicamente con el PIB.  En este sentido, en el 2009 la presión fiscal fue del 30,6% del PIB en España y del 38,7% en la zona euro. Este ratio es, sin embargo, poco preciso si lo que verdaderamente quiere compararse es el porcentaje del sueldo que un ciudadano de la parla de Cervantes destina a pagar tributos en comparación con un vikingo, un gabacho, un teutón o un tulipán.

Y ello por una cuestión elemental, querido Watson: la presión fiscal es un dato macroeconómico que no tiene en cuenta la renta per cápita concreta de los ciudadanos sometidos a comparación. Vamos y, para que se entienda, que es cierto que el porcentaje máximo de retención en el IRPF (que asciende al 43%), nuestro tipo de IVA (actualmente fijado en el 18%) o incluso el tipo de gravamen en el IS (que se sitúa por regla general en el 30%) es inferior al de la mayoría de nuestros socios pero en mucha menor medida que los salarios medios que percibimos. Un danés duplica el salario medio que recibe un español (41.000 € frente a 21.500 €) cuando, sin embargo, sólo paga 7 puntos más de IVA y de retenciones en el IRPF. Lo mismo sucede con un inglés, que percibe de media 46.000 € de salario, siendo que su tipo de IVA es del 17,50%. E incluso existen supuestos sonrojantes, como ocurre con los ciudadanos de Luxemburgo, cuya renta triplica a la de un ciudadano español mientras que su tipo de IVA es del 15%, su porcentaje máximo de retención en el IRPF es del 39% y el tipo de gravamen en el IS asciende al 30%. A esta magnitud de dividir la presión fiscal por la renta per cápita se le denomina «esfuerzo fiscal» y es mucho más fiable que la «presión fiscal» para determinar la carga impositiva de un individuo.

Atendiendo al «esfuerzo fiscal» resulta que España no está a la cola Pepsicola de la UE sino a la cabeza, únicamente superada por Italia y Portugal. Si atendemos a indicadores concretos como los tipos de IVA, de IRPF y de IS, es cierto que son ligeramente inferiores (y no en todos los casos) a los de nuestros vecinos, pero las diferencias de salario no sólo anulan esas diferencias, sino que las vuelven en nuestra contra. La razón de ser de esos tipos de gravamen históricamente inferiores responde al hecho de paliar nuestra baja productividad con ventajas fiscales que reequilibren la situación, al incentivar el consumo y fomentar la inversión nacional y extranjera. Las subidas de impuestos, lejos de equipararnos a nuestros colegas europeos, mermarían nuestra competitividad, siendo una política típica contractiva propia de economías sobrecalentadas.

Quizá, más que incrementar los impuestos, habría que centrar esfuerzos en contener el ingente gasto de nuestras administraciones haciendo de ellas unos organismos eficientes y evitando duplicidades, luchar contra el fraude fiscal organizado, muchas veces asociado a la corrupción política, otorgar subvenciones únicamente a aquellas empresas que presenten proyectos viables, y no para mantener artificialmente sectores poco competitivos que lastran nuestra economía, y hacer de nuestro servicio público de colocación de desempleados una organización eficaz en su tarea, disminuyendo los períodos de paro.

Pero no pasa nada, oigan. Podemos seguir poniendo la tirita donde no está la herida y, cuando hayamos conseguido que el país se desindustrialice y la clase media haya desaparecido (la sociedad estará dividida entonces entre un reducido grupo de ricos y, enfrente, un gran masa subvencionada o marginal), siempre se le podrá echar la culpa a quienes gobernaron antes (ojo, con independencia de su signo), al sistema bancario, al empresariado ávido de dinero y poder o a gente que lleva muerta ni se sabe cuantos años.

Pablo Bourgon Baquedano

Abogado fiscalista