Se lo digo al agente de policía, que vela porque no me escabechen mientras camino por la calle; al profesor que, con abnegada paciencia, trata de meter en cintura a 25 adolescentes, aunque no se dejen; al vigilante nocturno que, con esfuerzo sobrehumano, cumple su cometido cada noche evitando caer en los tentadores brazos de Morfeo; también a usted, no crea que va a librarse, señor notario de Sevilla que da fe constantemente: no, esta letra no me la protestará, se lo aseguro; también al ilusionado letrado que acaba de ser contratado por una importante firma de abogados del país; y, por supuesto, a ti que trabajas más que el guardaespaldas de Al Capone, bien en el pequeño negocio que acabas de montar, bien en la cadena de producción de la factoría Ford de Almussafes.

La evolución de la expectativa de vida en el país de la piel de toro muestra que a finales de 1975 una persona podía aspirar a vivir 74 años aproximadamente, mientras que a finales de 2009 esa cifra se eleva por encima de los 83 años. Según los últimos estudios realizados por especialistas en la materia, aunque la situación actual es relativamente sostenible al contar con una proporción de 4 personas activas por cada jubilado, si no se establecen modificaciones a nuestro sistema de pensiones, ya saben, base de cálculo con arreglo a los últimos 15 años de cotización y edad de retiro a los 65 años, en aproximadamente 15 primaveras esa proporción pasará a ser de 2 a 1. A este hecho hay que añadir que la incorporación al mundo laboral de las generaciones venideras no se producirá hasta los 27 o 28 años, y eso con suerte.

Y claro, ya saben cómo nos las gastamos en materia de planificación desde los tiempos de Alarico, Leovigildo, Recaredo, Sisenando, Chindasvinto, Recesvinto y Wamba. Sí, sé que eso queda lejos pero tampoco veo que estos dorados años de democracia, diputado o senador por Villa Botijos sin Pitorro, ministro o ministra de Igual da, secretario de Estado de Infraestructuras Metálicas o consejero autonómico para el mantenimiento de la identidad plurinacional nos hayan ayudado a mejorar en ello. No hay duda, oigan, que seguimos al pie de la letra el decálogo de la improvisación y, si hace falta, nos bajamos las actualizaciones del mismo por Internet.
 
 Al fin y al cabo, lo de la jubilación es algo para lo que queda mucho José Luis, y para cuando eso llegue nosotros, tras ganar un pingüe salario (del que un tercio está exento del IRPF), también habremos cobrado la indemnización que nos corresponde por el cese, bien como parlamentario (equivalente a una mensualidad por cada ejercicio), bien como miembro del gobierno (del 80% del sueldo durante dos ejercicios), con capitalización incluida de nuestro estatus en alguna multinacional de prestigio o dando conferencias a razón de 100.000 euros. Además, y «alucina vecina», no necesitamos cotizar 35 años para percibir el 100% de la base de cotización, como esos mataos de ahí fuera, sino solo 7. Y si luego nos buscan, auuuuu, auuuuuu, auuuuuu. ¡¡Inmersión, inmersión!!

En ese plazo de 15 años, como digo, se estima que nuestro sistema de la Seguridad Social ingresará por cuotas aproximadamente 158.000 millones de euros mientras que, si todo sigue como parece (teniendo en cuenta donde estamos, seguro que Murphy se da un voltio) sólo nuestro sistema de pensiones absorberá 153.000 millones de euros. Y eso sin contar con otros gastos que corren de cuenta del sistema, como incapacidades laborales, prestaciones por desempleo, pensiones no contributivas, etc. En definitiva, que si seguimos así (y aquí las cosas que pueden salir mal acaban saliendo peor) podría decirse que nuestro sistema se encontrará en bancarrota, lo cual por otra parte no es ningún descubrimiento. Vamos, que desde hace tiempo se sabe que hay que tomar medidas.

La única solución propuesta por el Gobierno, y aireada a los cuatro vientos como solución a los males del sistema, consiste en aumentar la edad de jubilación hasta los 67. Y qué quieren que les diga, aparte de que esa solución es (y ustedes dejarán que me explique) de «la puntita y nada más». Porque con esa tibieza apenas vamos a notar  mejoría en el dos de mayo que les expongo, aunque reconozco que introducir cambios importantes en el asunto, que no retoques, sí, de esos que hacen pupita a aquellos que decidirán si te quedas hasta que termine el Telediario o si puedes quedarte a ver la peli que echan por la noche es lo que tiene.

A veces me digo: «Hay que ver Pablete. Qué fácil es criticar sin aportar soluciones». Pues bueno. Pues vale. No soy experto en el tema pero voy a atreverme, ahora que me encuentro juguetón, a dar alguna a sabiendas de que no descubro América. Pero descuiden: no soy tan temerario como para acometer la tarea en solitario. La ocasión merecía, pues, convocar al CREPE (Comité de Rejoneadores de la Economía y la Política Española), institución esta de la que soy miembro honorífico, y que esta compuesta por gente que somos de aquí y de allá, amigos todos en quienes confío y con los que me reúno de vez en cuando para hablar de estas y otras lides. Allá vamos, a caballo, pertrechados con el rejón de castigo, el de muerte y las banderillas si la autoridad competente lo permite y el tiempo no lo impide. No utilizamos puyas, lo prometemos, pero sí sentido común y el refranero español.

Tras mucho deliberar, al CREPE se le han ocurrido varias propuestas que, como digo, no son nada del otro mundo, pero que parten de una premisa que por oscuras razones solo a algunos se les han revelado: las concepciones que dieron origen a la Seguridad Social ya no son válidas en la actualidad lo que requiere una reforma en profundidad. Ahí van, pues, nuestras deliberaciones.

En primer lugar, debemos ser conscientes que, con la actual esperanza de vida, jubilarse a los 65 años no tiene sentido. Suponemos que esa cifra se fijó hace ya una eternidad pensando que superada esa barrera, y con los medios disponibles, a uno no le quedarían muchos años de calidad de vida. Pero hay que ser realistas y no ponernos estrechos ahora: puede trabajarse mucho más allá. Otra cosa es que apetezca. Hay que concienciar a la sociedad de esta cuestión pues, de lo contrario, nos vamos a ver obligados a revisar continuamente la edad de jubilación en función de las necesidades que vaya teniendo el sistema. Y creo que el ciudadano merece saber con certeza, y con antelación, a qué años va a jubilarse en lugar de andar por ahí poniéndole la zanahoria con la caña.

También habría que establecer un tránsito gradual al sistema de capitalización individual frente al sistema de reparto actual o, al menos, una compatibilización de los dos sistemas. Es decir, tal y como está configurado el actual sistema, existe una especie de acuerdo o contrato intergeneracional por el que las generaciones activas dan soporte a las jubiladas a cambio del compromiso de que, cuando alcancen la edad de jubilación, también ellos recibirán la pensión. Es, por así decirlo, un intercambio de promesas entre generaciones a través de un «contrato social» implícito. Pues bien, todo parece indicar que este sistema de reparto está abocado al colapso según los indicadores más recientes sobre el crecimiento de la población, la evolución del empleo y del Producto Interno Bruto. Al final, la carga se irá haciendo insostenible sin que un aumento de las cotizaciones sociales sea solución de garantías pues ello podría abocar a menor contratación. Y claro, el dilema tiene peor cara que Marco en el día de la madre: mayor desempleo o menores prestaciones para los futuros jubilados.

 Entendemos, pues, que daría más garantías al sistema si, bien todas, bien una parte de nuestras propias cotizaciones fuese objeto de inversión (habría que discutir por quién), a cambio de una adecuada retribución que fuese rentable, descontados los efectos de la inflación. Ello garantizaría que en el futuro, al menos en parte, nosotros nos hiciésemos acreedores del dinero que aportamos, desvinculándonos de las aportaciones de las generaciones posteriores y de los vaivenes demográficos.

Por otro lado, creemos necesario establecer un nuevo marco de sistemas de capitalización individual privada, es decir, fomentar el ahorro a través de planes de pensiones privados pero con una clara remodelación del sistema. Actualmente, los planes de pensiones son mayoritariamente caros, reservados para ciudadanos con posibilidades económicas, con rentabilidades muy justas y, nos atrevemos a decir, con una débil acogida fomentada más por las ventajas de reducción de la base imponible del IRPF que como instrumento de ahorro finalista a percibir al ocaso de la vida laboral. Sí, también hemos descuidado (por miedo) fomentar la conciencia social de que en un tiempo no muy lejano serán imprescindibles para que el sistema de la Seguridad Social sea sostenible. Hay pues que redefinir esos sistemas que aporten la complementariedad necesaria para garantizar unas prestaciones que aseguren, junto con las pensiones públicas, un retiro digno.

Terminamos. Hay que insertar sistemas de control que garanticen no sólo que el pensionista recupere las inversiones realizadas sino el buen fin de las mismas de modo que ofrezcan rentabilidades mínimas, con prohibición expresa de realizar inversiones en activos de alto riesgo y evitando que las entidades que gestionen esos fondos caigan en la tentación en la que han caído otras de países de cuyo nombre no queremos acordarnos aunque sí diremos que sus ciudadanos no saben ni quieren hablar otra lengua que no sea la suya. Que una cosa es gestionar el dinero con que la gente tratará de vivir digna y merecidamente al jubilarse y otra muy distinta convertirse en banqueros de inversión, olvidando el cometido que se les encomendó y la razón por la que se les confió el dinero.

De lo contrario y de no ser porque John Dillinger, Bonnie & Clyde, Kate “Ma” Baker y Butch Cassidy aparte de ladrones, eran una panda de malditos asesinos, no nos importaría que se levantaran de sus tumbas, echaran mano de sus útiles de trabajo y  empezaran a reventar sus cajas fuertes.

Pablo Bourgon Baquedano

Abogado fiscalista