A lo largo de las últimas semanas hemos propuesto una serie de medidas destinadas a favorecer el crecimiento. Se ha intentado transmitir de una forma sencilla y muy práctica, utilizando experiencias de terceros, y siendo conscientes de que existen otras políticas que también podrían contribuir al desarrollo de nuestro país. Los anteriores capítulos se resumen en:

1. Favorecer la innovación
2. Política impositiva que estimule la inversión, el consumo y reduzca la economía sumergida
3. Protección al inversor, con un énfasis concreto en la persecución a la corrupción

Para concluir, nos vamos a fijar en el informe que desde hace 7 años presenta el Banco Mundial “Doing Business 2010” www.doingbusiness.org y que presta atención a diez fases entre la apertura y el cierre de un negocio y que pasaremos a indicar con especial mención en la primera.

Apertura de una empresa: Una vez el posible emprendedor (sería muy favorable comenzar a utilizar el anglicismo que los denomina empleadores) define un Plan de Negocio, su primera misión es dar de alta su empresa, registrarse, pagar tasas e impuestos y ya puede comenzar a operar en el mercado. Complicar la legislación de entrada (apertura) no mejora la calidad de los productos, la seguridad laboral o reduce la contaminación, sino que limita la inversión privada, manda a la gente a la economía sumergida, eleva precios y casos de corrupción.

La agilización de los trámites y la reducción del número de días que se tarda en abrir un negocio son esenciales para fomentar la creación de nuevas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que son fundamentales para generar puestos de trabajo.

Cuantos más trámites y más días, tanto más difícil resulta la apertura de un negocio. Dentro de un listado de 183 países, España ostenta el puesto 146, en comparación con el 139 del año 2009. Esto se debe a que para abrir una empresa se deben realizar 10 trámites entre Ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Administración Central, lo que supone nada menos que 47 días.

Esto nos sitúa a la cola de la Unión Europea, en la que los países más favorables a la apertura de empresas permiten la misma en un plazo entre 3 o 4 días, tal y como se puede ver en la tabla.

Estos trámites son los siguientes:

1. Certificación negativa de la denominación social del Registro Mercantil
2. Apertura de cuenta bancaria; depósito del capital en dicha cuenta y obtención de un certificado de dicho depósito.
3. Presentación de escritura pública ante Notario
4. Declaración Censal de Inicio de Actividad y obtener el Código de Identificación Fiscal, CIF de la DelegaciónProvincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
5. Pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a la Administración Local
6. Inscribir la escritura de constitución en el Registro Mercantil
7. Registro de Libros (Balance, Memoria….)
8. Obtención de la Licencia Municipal de Apertura por parte del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento
9. Inscribirse en la Seguridad Social e inscribir en el código obtenido a los trabajadores en  la Tesorería General de la Seguridad Social
10. Notificar a la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria

Este agotador proceso hace que España supere con creces a todos los miembros de la UE y que quede muy por detrás de los países más eficientes del mundo. Tan sólo mencionar el ejemplo del primero en el Ranking, que es Nueva Zelanda, y en el que el proceso lleva un día y el trámite  es único: Es tan fácil como solicitar el registro a la Oficina de Empresas on-line (Companies Office) una vez se ha comprobado que el nombre está libre en www.companies.govt.nz

Merece un poco detenerse ante este ejemplo de éxito. En un momento, el que suscribe ha comprobado que tanto frikonomics como AMECEM son dos nombres de empresas que se pueden utilizar en Nueva Zelanda.

El registro de los dos me ha supuesto un cargo en mi tarjeta de 10,88 EUR, y si bien no voy a continuar, la misma web me facilita el segundo paso que es dar de alta la empresa y el mismo formulario facilita la solicitud del número de empresa de la Hacienda del país (Inland Revenue Department, IRD) y el CIF (Goods And Services Tax, GST, que por cierto es el 12,5%!!!!!). Este proceso único costaría unos 85 EUR por empresa.

Como dice Xavier Roig en su libro La Dictadura de la Incompetencia (Gestión 2000, Grupo Planeta) tras haber realizado el mismo procedimiento en Australia “…No veo qué tiene de social inventarse todas las trabas posibles a fin de que, para hacer una cosa que otros realizan en un día, nosotros tengamos que emplear 45…”

Efectivamente, resulta evidente la urgente necesidad de introducir reformas profundas para mejorar esta situación porque otros lo están haciendo, y ya nos han adelantado. Según el análisis del Banco Mundial, de quien provienen todos los datos que se están presentando, se revela que una reducción en los trámites de apertura de una empresa de 10 días conlleva a un incremento en la tasa de crecimiento del PIB (Producto Nacional Bruto, lo que producimos en bienes y servicios al cabo del año) del 0,4% y un 0,17% en la tasa de inversión.

No pretendemos extendernos más en esta fase, si bien tiene miga y pasamos a enumerar las 9 fases restantes que configuran nuestra posición en el ranking:

• Gestión de Licencias de Construcción: Construcción de un almacén. Para que una empresa pueda comenzar a operar y establecerse en un almacén, el plazo desde que se solicita su construcción, hasta que tiene luz y agua es de 233 días y conlleva 11 trámites (incluye 30 días para su construcción), lo que nos sitúa en el puesto 53.
• Legislación laboral: En este aspecto somos muy “europeos”, y la discrepancia entre protección al trabajador y  rigidez laboral se traduce en un coste de 56 días por año trabajado, lo que nos hace ostentar el puesto 157. El país más flexible es… ¿Afganistán? ¿El Congo? Me temo que es Australia, con una tasa de paro del 5,4%....
• Registro de la Propiedad, 4 trámites que nos llevan 18 días, lo que hace que estemos en el puesto 48
• Obtención de crédito: Dentro de cómo está la cosa, ni tan mal. Somos el  43… me voy al banco a ver si es verdad.
• Protección al inversor: Ya dedicamos un artículo a dicha fase, que se traduce en la seriedad de un país, y hemos descendido del 88 al 93.
• Pago de Impuestos: La verdad es que si todas las agencias estatales funcionaran como ésta, seriamos una potencia mundial, dado que si bien nuestro puesto es el 78, más bien se debe al alto tipo impositivo a las empresas sobre su beneficio (el 56,9%) que al número de trámites (ocho) y a las horas dedicadas 213 al año. Este ratio mejora constantemente desde el inicio de los estudios del Banco Mundial y es la única medida que ha aplicado España sobre las 10 fases estudiadas, con una reducción del Impuesto de Sociedades del 32,5% al 30%
• Apertura al exterior: Costes, trámites y plazos de importación y exportación. Nuestra pasión por el papeleo nos sitúa en el puesto 59 de la tabla.
• Resolución de contratos: Íntimamente relacionada con la protección al inversor. Si bien la legislación parece ser la adecuada, el plazo medio es de 515 días de resolución de un litigio. Este plazo nos sitúa en el puesto 52.
• Cierre del negocio: Lamentablemente, nos estamos haciendo expertos en la liquidación de negocios, en lo que se tarda un año y nos sitúa en el puesto 19 del mundo.

Invitamos a leer los diversos informes del Banco Mundial, que de una forma muy sencilla exponen las fortalezas y debilidades de cada país. La conclusión es que entre los 183 países del estudio, España ostenta el puesto 62.

Consideramos que un tiempo de crisis es una oportunidad para reformas, dado que puede ser difícil y requerir tiempo, así como suponer duras negociaciones políticas.

En el caso de España no se ha optado por aprovechar dicha coyuntura, y se están recibiendo presiones externas para forzar cambios legislativos sustanciales en apertura de empresas y flexibilización de la regulación laboral. En este sentido, la crisis actual puede representar una oportunidad. Esperemos que así sea.

Para concluir la serie de artículos, nos gustaría proponer unas soluciones muy actuales presentadas hace 2.065 años en una Roma muy lejana...

El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado. Marco Tulio Ciceron. Año 55 AC

Oscar Zarzoso

oscarz@frikonomics.com